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Extracto:En una sentencia histórica, el Tribunal Federal de Australia determinó que ciertos emisores de contratos por diferencia (CFD) habían incurrido en una conducta sistémica abusiva, lo que provocó pérdidas a clientes por un total de más de 83 millones de dólares entre 2018 y 2020. El caso se centra en Union Standard International Group Pty Ltd (USG), junto con sus antiguos representantes autorizados, BrightAU Capital Pty Ltd (que opera como TradeFred) y Maxi EFX Global AU Pty Ltd (que opera como EuropeFX).
En una sentencia histórica, el Tribunal Federal de Australia determinó que ciertos emisores de contratos por diferencia (CFD) habían incurrido en una conducta sistémica abusiva, lo que provocó pérdidas a clientes por un total de más de 83 millones de dólares entre 2018 y 2020. El caso se centra en Union Standard International Group Pty Ltd (USG), junto con sus antiguos representantes autorizados, BrightAU Capital Pty Ltd (que opera como TradeFred) y Maxi EFX Global AU Pty Ltd (que opera como EuropeFX).
Las conclusiones del tribunal revelaron que estas empresas habían incurrido en prácticas engañosas y engañosas, dirigidas a inversores vulnerables e inexpertos a través de procesos de incorporación engañosos. Los clientes desconocían los altos riesgos asociados a productos financieros complejos como los CFD, y muchos de ellos habían sido presionados por los administradores de cuentas para que depositaran más fondos, lo que en última instancia se tradujo en pérdidas financieras significativas.
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) acogió con satisfacción el fallo, destacando las importantes violaciones de las normas legales y éticas por parte de las empresas implicadas. La vicepresidenta de la ASIC, Sarah Court, señaló: “Esta sentencia es crucial para salvaguardar la integridad del régimen de licencias de servicios financieros de Australia, en particular en un momento en que los reguladores de todo el mundo examinan a las empresas que ofrecen servicios a clientes extranjeros”.
El juez Wigney, que presidió el caso, condenó la conducta de las empresas implicadas, describiendo sus acciones como “ofensivas a la conciencia”. El tribunal también determinó que USG había violado sus obligaciones de licencia de Servicios Financieros Australianos (AFS) al ofrecer servicios a clientes chinos sin advertirles adecuadamente sobre las posibles consecuencias legales en virtud de la legislación china.
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